Las fuerzas especiales de la Policía Nacional de Honduras, capturaron a Olvin Javier Velásquez Maldonado, un hondureño de 39 años requerido en extradición por el Distrito Este del Estado de Luisiana, Estados Unidos, por su presunta participación en el tráfico de drogas.
El arresto se llevó a cabo en el puerto de cruceros de Coxen Hole, en el municipio de Roatán, zona insular del país. Según informaron las autoridades, Velásquez Maldonado, originario de La Ceiba, Atlántida, operaba en el sector turístico y tenía negocios en el transporte y alquiler de cuatrimotos, actividades que aparentemente utilizaba como fachada.
Tras su captura, Velásquez Maldonado fue trasladado a Tegucigalpa, donde un Juez de Extradición de Primera Instancia decretó su arresto provisional e informó sobre los cargos en su contra. Durante la audiencia de información, el magistrado explicó la relación de hechos imputados por la justicia estadounidense y los derechos que le asisten durante el proceso.
El juez convocó a las partes involucradas para una audiencia de presentación y evacuación de pruebas el próximo lunes 10 de febrero a las 8:30 de la mañana. Mientras tanto, el detenido permanecerá bajo custodia en la Penitenciaría Nacional de Támara, en el departamento de Francisco Morazán.
La medida de arresto provisional busca garantizar la disponibilidad de Velásquez Maldonado, para las audiencias posteriores, en las que se determinará si procede su extradición a Estados Unidos, donde enfrentaría cargos por la distribución de más de cinco kilos de cocaína.
Este caso se suma a la creciente lista de extradiciones realizadas por Honduras desde la aprobación del mecanismo en 2012. Hasta la fecha, el país ha entregado a 57 ciudadanos a la justicia internacional, de los cuales 55 han sido enviados a Estados Unidos y dos a Costa Rica, todos acusados de delitos relacionados con el narcotráfico.
Sin embargo, la continuidad de estos procesos podría verse comprometida, ya que el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos está próximo a vencer el 28 de febrero. Esta situación genera incertidumbre sobre el futuro de las extradiciones, que han sido una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado en la región.
