La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, advirtió que el Ministerio Público está asumiendo un papel de intimidación en un momento decisivo para el país, al promover requerimientos fiscales contra funcionarios con responsabilidad directa en el proceso electoral.
Castellanos señaló que las recientes actuaciones del ente acusador “debilitan aún más la democracia hondureña”, y cuestionó que tanto el Ministerio Público como la Corte Suprema de Justicia estén adoptando un comportamiento que, a su juicio, genera un clima de amedrentamiento institucional.
“Estamos entre la esperanza y el atasco; la democracia está altamente débil”, expresó.
La titular del CNA consideró que este escenario coloca en riesgo la estabilidad del proceso electoral del 30 de noviembre, ya que, a 17 días de su realización persiste la incertidumbre sobre si los comicios podrán desarrollarse con normalidad.
Castellanos también se refirió a la falta de garantías logísticas para el traslado del material electoral. Señaló que, a pocos días de las votaciones, no se ha definido quién se encargará del transporte de las urnas, situación que refleja la desorganización institucional.
En ese contexto, cuestionó la falta de confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas, encabezadas por Roosevelt Hernández, para custodiar el material electoral.
“El camino era contratar una empresa privada que cumpliera con todos los requisitos, pero hoy seguimos sin una decisión clara”, lamentó.
Finalmente, la directora del CNA subrayó que el mayor costo de esta crisis lo asume el pueblo hondureño. Recalcó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún tiene muchos aspectos por resolver y que la presencia de observadores será determinante para garantizar transparencia en unos comicios que, dijo, se desarrollan en medio de una profunda desconfianza institucional.
