El Ministerio Público (MP), bajo la dirección del fiscal general Johel Zelaya, confirmó este martes la recepción de dos denuncias por presuntos delitos electorales, presentadas por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa. Según informó Zelaya, las denuncias ya están siendo analizadas.
Los señalamientos incluyen acusaciones de prevaricato administrativo, delitos electorales y usurpación de funciones contra las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall. Ochoa argumenta que el CNE aprobó de manera irregular el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por mayoría, lo que, según él, remite a los fraudes electorales denunciados en 2013 y 2017.
“El Ministerio Público está habilitado para recibir denuncias, y ayer se recibieron dos. Se están analizando. Estamos muy atentos al cronograma electoral y no permitiremos atrasos amañados ni ninguna circunstancia que lo altere”, expresó Zelaya, reafirmando su compromiso con la transparencia y la legalidad del proceso.
A menos de seis meses de las elecciones, el fiscal informó que el MP ha intensificado su vigilancia sobre el proceso electoral y prometió actuar de forma inmediata ante cualquier indicio de fraude o anomalía.
“La democracia no tiene precio. Este Ministerio Público no permitirá que se juegue con la voluntad del pueblo”, aseguró Zelaya.
Además, el fiscal se refirió a los disturbios recientes en el CNE, donde colectivos afines al partido Libre habrían obstruido el ingreso de empresas oferentes al proceso de licitación del TREP. También mencionó los zafarranchos registrados en el Congreso Nacional, donde la presidenta del CNE, Cossette López, tuvo que interrumpir su comparecencia ante la irrupción de grupos vinculados al oficialismo.
“Estamos investigando todo el conjunto de hechos. No descartamos presentar requerimientos fiscales si la investigación lo amerita”, advirtió Zelaya.
Por su parte, Marlon Ochoa respondió a las declaraciones de López, afirmando:
“Yo no soy corrupto ni fraudulento. Luchamos por elecciones limpias, libres, justas y transparentes. El pueblo hondureño no permitirá nunca más un fraude como el de 2013 o 2017”, afirmó el consejero.
Finalmente, el fiscal general fue contundente al asegurar que el Ministerio Público no se dejará intimidar por el poder político ni institucional.
“¿Quién dijo miedo? Si hay que presentar requerimientos fiscales, lo haremos, sea contra altos funcionarios o cualquier otra persona. Nadie está por encima de la ley”, concluyó.
