El exministro de la Presidencia y actual prófugo de la justicia, Ebal Díaz, lanzó fuertes acusaciones contra USAID, a la que responsabilizó de influir en la selección de fiscales con fines políticos, además de estar detrás de golpes de Estado y desestabilización de gobiernos.
A través de su cuenta en X, afirmó que
“en todo el mundo, USAID financió manifestaciones, pagó portadas de periódicos y campañas mediáticas para atacar y desacreditar a figuras políticas. También compró y financió procesos de selección de jueces y cooptó fiscales para perseguir a sus objetivos políticos bajo el pretexto de la ‘corrupción’”.
Díaz, actualmente en Nicaragua y con varias órdenes de captura en su contra por procesos penales en Honduras, reaccionó ante el anuncio del cierre de USAID por parte de la administración de Donald Trump.
Uno de los hombres fuertes del expresidente Juan Orlando Hernández —condenado a 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico—, Díaz responsabilizó a los “radicales demócratas” de instrumentalizar USAID.
“El brazo operativo/financiero de los radicales demócratas, a través de USAID, operó en las sombras dando golpes de Estado, desestabilizando gobiernos y encarcelando a sus adversarios. A muchos les fue bien, se enriquecieron y se hacían llamar ‘amigos de la embajada de EE.UU. ??’”, cuestionó Díaz.
En otro de sus mensajes, afirmó que “Honduras no fue la excepción. USAID cooptó al fiscal Óscar Chinchilla, apoyando su reelección, y este se dedicó a cumplir al pie de la letra la agenda de ‘la embajada’ – USAID, persiguiendo únicamente a figuras del Partido Nacional y a otros considerados incómodos”.
En diciembre de 2024, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Ebal Díaz en una lista de 27 centroamericanos señalados de socavar procesos o instituciones democráticas, cometer actos de corrupción significativa u obstruir investigaciones sobre corrupción.
Según Washington, Ebal Jair Díaz Lupián “incurrió en una importante corrupción mientras ejercía su cargo oficial, al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas para hondureños afectados por los huracanes Eta e Iota”.
