El Congreso Nacional de Honduras, enfrenta una semana clave en la búsqueda de consensos para la aprobación del Presupuesto General de la República 2025. Luego de más de un mes de parálisis legislativa, los diputados han sido convocados a una sesión extraordinaria el martes 28 de enero a las 3:00 de la tarde, en un último intento por evitar que el país opere con un presupuesto desactualizado.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo contempla una asignación de 430,907.8 millones de lempiras, lo que representa un incremento del 5.8% respecto al año anterior. De este total, 97,650.1 millones están destinados a programas de inversión pública y social, priorizando sectores como salud, educación, seguridad y energía, fundamentales para el desarrollo nacional.
Sin embargo, las negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas han sido complejas. Desde el 17 de diciembre de 2024, fecha en que se suspendió la última sesión para discutir el presupuesto, no se ha logrado alcanzar acuerdos que permitan su aprobación. Este estancamiento legislativo ha generado preocupación en diversos sectores del país, que urgen a los diputados a superar sus diferencias y dar luz verde al documento.
La Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) ha alzado la voz para exigir una pronta aprobación del presupuesto. Según el organismo, la falta de un marco financiero actualizado pone en riesgo la ejecución de proyectos clave para el desarrollo de las comunidades, afectando directamente a la población.
«Esperamos que el martes haya antes consensos y se pueda dialogar, ya que eso es fundamental para ver si se puede agendar y aprobar lo del presupuesto. Si bien es cierto, se puede transitar con el presupuesto del año pasado, pero lo ideal es aprobar el del 2025”, expresó el diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya.
La sesión del martes se perfila como una de las más tensas del año. Mientras los sectores sociales y económicos esperan resultados positivos, los analistas políticos coinciden en que cualquier retraso adicional podría generar un impacto negativo en la ejecución de proyectos para 2025.
