Desde el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en 2016, ha escalado de manera significativa la persecución contra los defensores de la tierra y los derechos humanos.

Uno de los informes más recientes proviene del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), el cual informó que alrededor de 35 defensores de la tierra han muerto de forma violenta entre 2022 y lo que va de este año.

El Conadeh señaló que la labor que desempeñan los defensores de la tierra, el territorio y el ambiente en Honduras es de “alto riesgo”, por lo que exhortó a las autoridades del país centroamericano a “garantizar ese ejercicio y adoptar las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal”.

La mayoría de las muertes (el 79 %) de defensores entre 2022 y 2025 se registraron en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro, en el Caribe y norte del país.

El organismo defensor del pueblo registró, entre 2022 y 2024, al menos 89 quejas por violaciones al derecho a un ambiente sano, identificando que, en su mayoría, derivan de conflictos socioambientales provocados por la superposición de intereses de empresas o terceros sobre los derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Entre estos sectores vulnerables, según el Conadeh, figuran las comunidades afrohondureñas, campesinos y defensores de derechos humanos que habitan en territorios ricos en recursos naturales y bienes comunes.

Uno de los casos más recientes: Juan López

Juan López salía de la iglesia donde se desempeñaba como “delegado de la palabra de Dios” cuando fue asesinado el 14 de septiembre por varios hombres que lo balearon dentro de su vehículo.

Su asesinato ha golpeado a la comunidad organizada en el país, ya que López, además de líder católico, era defensor de derechos humanos, ambientalista y coordinador del Comité de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón.

Y aunque en el papel contaba con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la práctica López seguía bajo amenaza.

Según Yuri Mora, como parte de las acciones investigativas por el asesinato del ambientalista Juan Antonio López, el Ministerio Público anunció que un perito nacional se trasladó este domingo a Estados Unidos para entregar al Buró Federal de Investigaciones (FBI) un teléfono móvil que podría contener información clave. El dispositivo será analizado por expertos forenses del organismo estadounidense, y los hallazgos se integrarán a la investigación tan pronto estén disponibles.

El envío del celular forma parte de un proceso más amplio que incluye la extracción de datos de otros diez teléfonos, trabajo que realizan peritos hondureños junto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Según las autoridades, esta fase ya se encuentra en su etapa final, y se procederá con un análisis técnico de todos los datos recabados para fortalecer las líneas de investigación abiertas.

Honduras: el país más peligroso para ser ambientalista

Según la defensora de derechos humanos Reina Rivera Joya, el informe del Conadeh incluso se queda corto; las cifras reales son mayores.

Solo en 2023 fueron 17 asesinatos. Las cifras son mayores, según Global Witness, que cataloga a Honduras como un país sumamente peligroso para defender el medio ambiente. Honduras aparece todos los años, sin excepción, en ese conteo mundial; solo en el Bajo Aguán, más de 140 personas han sido asesinadas en una década”.

Poca estructura para proteger a quienes defienden el medio ambiente

Rivera considera que hay muy poca estructura para proteger a los ambientalistas y que el Estado tiene escasa capacidad para prevenir que los hechos se concreten. Además, la impunidad es sumamente alta.

Cita como ejemplo el asesinato de Juan López, en el cual se ha capturado a los autores materiales; sin embargo, aún están pendientes las personas que habrían ordenado el crimen.

La defensora considera que la sociedad hondureña debe recapacitar, cambiar sus patrones de comportamiento hacia el medio ambiente y exigir justicia por quienes dieron su vida defendiendo los pocos recursos que le quedan al país.

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