El Congreso Nacional ha programado para el miércoles 28 de mayo la comparecencia de los comisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con el propósito de abordar los aspectos técnicos, jurídicos y operativos del nuevo sistema de registro biométrico que será obligatorio para los usuarios de telefonía móvil a partir del 1 de junio.
La solicitud fue impulsada por los jefes de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, y del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, quienes consideran necesario que las autoridades de Conatel detallen el alcance y la legalidad de la medida ante la Comisión de Seguridad del Congreso.
La medida, establecida mediante resolución administrativa de Conatel, exige a los usuarios mayores de 18 años registrar su huella dactilar y fotografía facial, junto con sus datos de identificación personal. Este proceso se implementará como requisito para la activación y permanencia del servicio de telefonía móvil, y estará vinculado al sistema del Registro Nacional de las Personas (RNP).
Asimismo, se instruye a las operadoras telefónicas a suspender las líneas que no hayan completado el proceso de validación biométrica dentro del plazo establecido. Esto ha generado preocupaciones en distintos sectores por las posibles implicaciones en materia de privacidad, protección de datos y derechos digitales.
El Congreso Nacional ha señalado que la sesión permitirá analizar con rigor el sustento normativo de la iniciativa, su viabilidad técnica, y los mecanismos de resguardo de la información personal de los ciudadanos. La comparecencia se realizará en el marco de la Comisión de Seguridad, con participación de los jefes de bancada de los partidos representados en el Legislativo.
Esta iniciativa de Conatel forma parte de un esfuerzo institucional por combatir el uso de identidades falsas en la activación de líneas móviles, una práctica asociada a delitos como la extorsión, el fraude y el sicariato. No obstante, se subraya la necesidad de garantizar que toda medida en esta materia respete los principios constitucionales y los estándares internacionales en derechos humanos.
