El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó en las últimas horas un crédito de 120 millones de dólares para Honduras con el objetivo de fortalecer su Estrategia Nacional de Emergencia, protegiendo así a los migrantes deportados y mitigando el impacto de las políticas migratorias de EE.UU. en los últimos meses.
El comunicado compartido por la institución señala que el Gobierno de Honduras recibirá este crédito concesional bajo condiciones favorables, con una tasa de interés del 6.56 % (compuesta por seis meses a una tasa base más un 2.0 %) y un plazo de pago de 20 años, que incluye cinco años de gracia para el capital.
Queremos apoyar al país en la construcción de una respuesta integral que no solo fortalezca sus instituciones y políticas migratorias, sino que también garantice que cada migrante, retornado o desplazado, sea atendido con dignidad, equidad y oportunidades reales de reintegración»
subrayó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Díaz-Granados destacó que este financiamiento reafirma el compromiso de la institución con Honduras y con la promoción de los derechos humanos de las personas en condición de movilidad.
El organismo indicó que este apoyo financiero fortalecerá la gestión institucional mediante el diseño de programas e instrumentos que permitan a Honduras continuar ofreciendo servicios de asistencia legal, apoyo psicológico y consular a los migrantes, así como la implementación de políticas de retorno y reintegración con un enfoque integral de derechos humanos, equidad, género e interculturalidad.
Por su parte, el ministro de Finanzas, Christian Duarte, destacó que CAF es un «socio financiero clave» para Honduras al responder con «agilidad y condiciones concesionales» a las necesidades del país.
Este crédito será fundamental para fortalecer la estrategia gubernamental de atención humanitaria a migrantes retornados, facilitando su reinserción laboral y el acceso a vivienda y desarrollo productivo, explicó Duarte.
Honduras ha implementado medidas integrales que abordan no sólo la emergencia migratoria, sino que también promueven programas de reintegración y mejora de las condiciones de vida de los migrantes retornados.
