Después de dos años de vigencia, el estado de excepción en Honduras muestra signos de agotamiento y cuestionamientos sobre su legalidad y efectividad. Según un reciente análisis de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), de los 18 decretos ejecutivos que han sostenido esta medida desde diciembre de 2022, solo uno cumplió con los requisitos constitucionales para su correcta aplicación.
El estado de excepción, fue instaurado con la promesa de frenar la extorsión, un delito que afecta a miles de hondureños. Sin embargo, los datos oficiales demuestran lo contrario: el número de hogares víctimas de extorsión ha aumentado de forma alarmante. En 2022 se registraron 226,262 casos, cifra que creció a 286,533 en 2023 y alcanzó los 304,388 en 2024. Este incremento ha sido particularmente notorio en departamentos como Intibucá, Choluteca y Atlántida.
A pesar de la aplicación de medidas extraordinarias, los resultados distan de ser alentadores. De acuerdo con el decreto ejecutivo PCM 03-2025, se han realizado 43,010 allanamientos de morada, 53,618 detenciones, 16,010 órdenes de captura, así como el decomiso de 8,059 vehículos y 45,033 motocicletas. No obstante, estas acciones no se han traducido en una reducción efectiva del delito que justificó la implementación del estado de excepción.
El análisis de la ASJ señala que la medida, concebida como temporal, se ha extendido de forma indefinida, perdiendo su propósito inicial y transformándose en una herramienta que, lejos de fortalecer la seguridad, evidencia la falta de una estrategia integral contra la criminalidad.
El informe también destaca deficiencias en el Plan Antiextorsión del gobierno, una estrategia que debía complementar el estado de excepción. De las 30 acciones planteadas en dicho plan, apenas cinco se han cumplido, lo que refleja, según expertos, una falta de coordinación entre las instituciones del Estado y la ausencia de voluntad política para enfrentar de manera efectiva el problema de la extorsión.
Más allá de su ineficacia, la ASJ cuestiona la legalidad de la medida. El informe detalla que la mayoría de los decretos ejecutivos no cumplieron con el proceso constitucional requerido: en varios casos no fueron ratificados por el Congreso Nacional, o bien, se excedieron los plazos legales sin la debida publicación en el diario oficial La Gaceta.
Estas irregularidades legales se suman a preocupantes denuncias por violaciones a los derechos humanos. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), ha recibido 798 quejas por vulneraciones registradas entre el 6 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, en el contexto del estado de excepción.
Frente a este panorama, la ASJ insta al gobierno a replantear su estrategia de seguridad. La organización sugiere revisar la vigencia del estado de excepción, implementar una lucha integral contra la extorsión que involucre a la Policía Nacional y a otros sectores del gobierno y la sociedad.
Además, la ASJ advierte sobre los riesgos de mantener esta medida durante un año electoral, señalando que su prolongación podría afectar la democracia, limitar libertades fundamentales como la de expresión y reunión, y generar un desequilibrio en la participación política.
El análisis concluye que, sin un cambio de enfoque, el estado de excepción continuará siendo una medida simbólica más que una solución real, dejando a la población expuesta tanto a la violencia criminal como a la vulneración de sus derechos fundamentales.
