El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió en las últimas horas sobre el riesgo que representa para la integridad física y la vida de las personas migrantes que, en su momento, salieron huyendo del país por amenazas y extorsión, y que ahora son retornadas o deportadas de los Estados Unidos.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, Elsy Reyes, declaró que el Estado hondureño debe establecer protocolos para la protección de las personas retornadas al país que, en su momento, huyeron debido a situaciones de violencia, amenazas, extorsión, asesinato de parientes, despojo de viviendas e incluso por el riesgo que representaba el reclutamiento de niños y niñas por parte de bandas criminales.
Reyes recomendó que las personas que, en algún momento, salieron del país por una situación de violencia y que ahora están siendo retornadas busquen el apoyo de instituciones como la Secretaría de Derechos Humanos, que por mandato de ley debe atender a todos esos migrantes retornados con necesidades de protección.
Indicó que, ante las nuevas políticas migratorias implementadas en los Estados Unidos, muchas personas que huyeron como una medida de autoprotección y que ahora son deportadas regresarán a sus comunidades, donde su vida e integridad personal estarían en riesgo.
Agregó que el CONADEH, a través de sus oficinas a nivel nacional, está atendiendo estos casos y derivándolos a organizaciones que también trabajan con temas de alimentación y reubicación temporal de estas familias.
Destacó que existe una Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas, por lo que es importante que el Estado le asigne presupuesto para su implementación. Esto enviaría un buen mensaje del Gobierno a las personas retornadas con necesidades de protección que no pueden regresar a sus comunidades y que requieren asistencia humanitaria.
Explicó que existe un protocolo elaborado por varias instituciones; sin embargo, este no ha sido aprobado, pese a que es una herramienta útil que el Estado debería implementar en este momento para atender a los migrantes retornados con necesidades de protección.
Este protocolo contempla acciones concretas de diferentes instituciones del Estado para dar respuesta, ya que la protección que requiere una persona debe ser integral e incluir temas de seguridad, alojamiento, atención psicosocial, traslados, reubicación y otros medios mientras logra reintegrarse en su comunidad.
Señaló que el plan lanzado por el Gobierno no ofrece una respuesta integral, tampoco aborda las causas estructurales ni menciona cómo se trabajará para hacerles frente. Esto indica que los hondureños seguirán enfrentando las mismas razones por las que migraron y, en consecuencia, volverán a tomar la ruta migratoria.
