El exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Amílcar «Chande» Ardón Soriano, fue condenado el 13 de enero de 2025 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York a una sentencia de «tiempo cumplido» y diez años de libertad supervisada. Esta condena es el resultado de su implicación en actividades de narcotráfico, corrupción y vínculos con organizaciones criminales internacionales.
Ardón Soriano, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en 2019, cooperó como testigo clave en varios juicios relacionados con el narcotráfico, incluida la condena del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Su colaboración fue fundamental para las autoridades estadounidenses, ya que permitió desarticular importantes redes de tráfico de drogas en la región. Sin embargo, el juez Paul A. Engelmayer subrayó que la gravedad de los crímenes cometidos por Ardón no podía ser ignorada.
Durante su tiempo como alcalde de El Paraíso, Ardón utilizó su posición para facilitar operaciones de narcotráfico, colaborar con cárteles internacionales de droga y obtener millones de dólares mediante extorsión. Sus actividades ilícitas también incluyeron la corrupción de funcionarios y el uso indebido de recursos públicos para financiar campañas políticas, evidenciando la penetración del crimen organizado en las instituciones del país.
La sentencia de «tiempo cumplido» considera los cinco años que Ardón pasó en prisión preventiva tras su arresto en 2019, mientras que los diez años de libertad supervisada son una condición de su condena. Esta supervisión incluye estrictas restricciones, como la prohibición de poseer armas y el cumplimiento de las leyes de inmigración.
La condena de Ardón Soriano no solo refleja su participación en el narcotráfico y la corrupción, sino que también evidencia la conexión entre la política hondureña y el crimen organizado. Honduras ha sido señalado repetidamente como un país vulnerable al narcotráfico, en parte debido a la complicidad de funcionarios y autoridades en la protección de los cárteles de drogas. Este caso se suma a una larga lista de ejemplos que destacan la relación entre el crimen organizado y la política en el país.
Este proceso también subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, especialmente cuando se trata de redes que operan más allá de las fronteras de un solo país. La colaboración entre las autoridades de Estados Unidos y Honduras fue crucial para llevar a cabo este juicio, resaltando la necesidad de fortalecer las instituciones judiciales en Honduras y trabajar conjuntamente con actores internacionales en la lucha contra el crimen organizado.
En el contexto de la lucha por erradicar la corrupción en Honduras, el caso de Ardón enfatiza la urgencia de crear un sistema judicial más independiente y eficiente que pueda enfrentar los retos derivados de la corrupción política y el narcotráfico. La condena también plantea preguntas sobre el futuro de la política en el país y la importancia de continuar combatiendo las estructuras criminales que afectan la democracia y la estabilidad de la nación.
