En un hecho sin precedentes, Juan Carlos Canales Lobo, empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue enviado al Centro Penal de Támara luego de que un juez le dictara detención judicial por su presunta responsabilidad en el caos electoral ocurrido el pasado 9 de marzo.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, confirmó que la medida fue tomada tras una audiencia en la que se le imputaron varios delitos relacionados con irregularidades en la contratación del transporte de material electoral.
El juez ha determinado que, debido a la gravedad de los delitos imputados, existe un riesgo considerable de que el imputado intente obstruir las investigaciones o fugarse, por lo que se ha dictado la medida de detención judicial”
explicó Silva.
La Fiscalía solicitó la detención de Canales Lobo, mientras que su defensa propuso medidas sustitutivas, como la presentación de un bien inmueble como garantía. Sin embargo, el juez rechazó esa petición por no cumplir con los requisitos legales.
Canales Lobo enfrenta acusaciones por fraude, violación de los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, por su participación en la contratación irregular de una empresa para el traslado de maletas electorales.
Su abogada defensora, Doris Isabel Núñez Madrid, rechazó los señalamientos y aseguró que su cliente no tuvo responsabilidad directa en las decisiones tomadas.
Mi cliente no fue quien tomó las decisiones finales. Él solo formaba parte de una comisión que recomendaba; la responsabilidad recae en un órgano superior”
manifestó Núñez Madrid.
