El excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, continuará su proceso judicial en libertad tras una resolución adoptada este martes durante la audiencia de revisión de medidas. Rubí está acusado de fraude y violación a los deberes de los funcionarios por su presunta participación en la compra irregular de ventiladores mecánicos incompletos durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en 2020.
Previamente, Rubí se encontraba recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara, en el valle de Amarateca, luego de que un juez dictara auto de formal procesamiento con prisión preventiva.
Las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) apuntan a que Rubí participó en la adquisición de ventiladores en el año 2020 por un monto superior a los 63 millones de lempiras (L 63,839,377.80). Sin embargo, los equipos médicos nunca fueron utilizados, ya que llegaron incompletos y sin los accesorios esenciales para su funcionamiento.
Además de Rubí, en este expediente también figuran como investigados varios exfuncionarios de la administración de Juan Orlando Hernández (2018-2022), entre ellos Lisandro Rosales (excanciller), Jessica Canahuati Farah (excónsul en Nueva York), Cristian Elías Santeli Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, todos vinculados a Copeco.
Según el requerimiento fiscal, los implicados habrían aprovechado la situación de emergencia para manipular el proceso de compra, realizar transferencias sin respaldo documental y omitir la formal recepción de los equipos mediante actas oficiales, incumpliendo así con los principios de transparencia y legalidad que exige la ley.
Caso adicional: percoladoras sobrevaloradas
Rubí también ha sido vinculado a otro proceso por la supuesta compra sobrevalorada de percoladoras, camas, televisores y otros insumos durante la emergencia por COVID-19. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) lo acusa de formar parte de una red de corrupción junto a Gilberto Estévez Martínez, Cristian Elías Santeli Chavarría y otros ciudadanos, mediante una empresa de fachada. Dichas adquisiciones habrían alcanzado los 12 millones de lempiras, con una sobrevaloración estimada en cinco millones.
No obstante, el 19 de octubre de 2024, un juez dictó sobreseimiento provisional a favor de Rubí en este caso. De acuerdo al artículo 295 del Código Procesal Penal, la UNAF dispone de un plazo de cinco años para presentar nuevos elementos de prueba que permitan reactivar el proceso.
Con esta reciente resolución, Rubí enfrentará en libertad las acusaciones que pesan sobre él, mientras los procesos judiciales en su contra continúan su curso en los tribunales hondureños.
