Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, enfrenta una acusación formal presentada por la Fiscalía General ante la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público sostiene que el mandatario habría incurrido en el delito de concusión, relacionado con la presunta manipulación de un proceso de contratación de servicios de comunicación financiado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según la Fiscalía, el caso gira en torno a la contratación de la empresa RMC La Productora S.A., dirigida por Cristian Bulgarelli, a quien se le atribuye haber redactado los términos de referencia del concurso que le adjudicó 405.000 dólares en 2022. La investigación señala que esta contratación se ajustó a las necesidades del Gobierno para cubrir servicios de comunicación, mercadeo y consultoría estratégica durante el período presidencial 2022-2026. No obstante, el proceso habría estado viciado desde su origen.
Las autoridades aseguran que Bulgarelli recibió instrucciones directas en Casa Presidencial para elaborar las condiciones del contrato, lo que derivó en un beneficio económico indebido para Federico Cruz Saravanja, exasesor del presidente y uno de los principales señalados en el caso, quien habría recibido 32.000 dólares como parte del arreglo. A pesar de su cercanía con el presidente, Cruz enfrenta una causa penal aparte por no ser funcionario de los supremos poderes.
El fiscal general Carlo Díaz presentó la acusación este lunes, y ahora la Corte deberá valorar si traslada el caso a la Asamblea Legislativa para que se debata el posible levantamiento de la inmunidad presidencial. También está implicado el actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien al momento de los hechos fungía como jefe de Despacho de Chaves.
Por su parte, Cristian Bulgarelli recibió un criterio de oportunidad que lo exime temporalmente de la persecución penal, siempre que colabore eficazmente con la investigación. Si su aporte resulta insuficiente, se reactivará la causa en su contra. De hecho, en junio de 2024, el BCIE ya había sancionado a Bulgarelli y su empresa con un veto de siete años por prácticas de fraude y colusión.
Este escándalo cobró notoriedad pública en diciembre de 2023, cuando el diario La Nación publicó una serie de reportajes basados en audios entregados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro. En dichas grabaciones, Navarro, quien ocupó el cargo apenas cuatro meses, dejó constancia de lo que consideraba actos potencialmente irregulares. El Ejecutivo, por su parte, responsabiliza a la exministra por la contratación cuestionada y ha presentado denuncias penales tanto contra ella como contra el periódico, alegando que los audios fueron obtenidos y difundidos de manera ilegal.
La acusación pone en entredicho la gestión del presidente Chaves y abre un nuevo capítulo de tensiones entre el Gobierno y el sistema judicial, mientras la Corte Suprema analiza si procede con un proceso que podría llevar al levantamiento de la inmunidad del mandatario.
