El Ministerio Público anunció este lunes una serie de acciones en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. A través de la Fiscalía del Circuito Anticorrupción, se presentaron requerimientos fiscales y órdenes de captura contra funcionarios públicos, exmagistrados, líderes sindicales y otras personas involucradas en actos que habrían perjudicado al Estado hondureño.
Entre las primeras acciones destacadas, la Fiscalía Especial Contra la Transparencia y el Combate a la Corrupción Público interpuso un requerimiento fiscal contra la diputada Gladys Aurora López. Según la acusación, la congresista habría desviado recursos destinados a la electrificación de una comunidad en La Ceibita, Opatoro, La Paz, utilizándolos para otro proyecto. Tres personas más, entre ellos funcionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica , también están presuntamente implicadas.
En otro caso, Norma Agripina García, secretaria municipal de Tocoa, Colón, enfrenta acusaciones de falsificar una certificación para beneficiar proyectos mineros.
Por su parte, la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia presentó cargos contra exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (2016-2023). Entre los acusados figuran Germán Ubaldo Flores Matamoros y Carlos Manuel López Lizardo, señalados de desviar más de 80 millones de lempiras mediante resoluciones arbitrarias que terminaron en cuentas personales. La investigación se extiende a miembros de la Policía Nacional y empleados del Poder Judicial.
Asimismo, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal formuló requerimientos contra Lisandro Rosales Banegas, excomisionado de Copeco, por el presunto desvío de fondos destinados a la construcción de puentes bajo un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo . También se acusa a otros funcionarios de lavado de activos y de facilitar operaciones ilícitas vinculadas al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El Ministerio Público destacó que estas acciones forman parte de su compromiso de luchar contra la corrupción y frenar el desvío de fondos públicos que obstaculizan el desarrollo del país. Según el comunicado, las investigaciones cuentan con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de las fuerzas de seguridad.
