El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), logró que un juez de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dictara auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Germán Ubaldo Flores Matamoros, quien se desempeñaba como juez ejecutor, y Carlos Manuel Moreno Lizardo, presidente del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH). Ambos enfrentan acusaciones por fraude, abuso de autoridad, prevaricato judicial y lavado de activos, delitos que derivan de su supuesta participación en el desfalco de más de 80 millones de lempiras pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
De acuerdo con el requerimiento fiscal presentado por el MP, los imputados formarían parte de una estructura organizada que se dedicó a desviar millonarios fondos públicos de la UNAH mediante un esquema fraudulento. El fraude habría sido cometido a través de resoluciones arbitrarias que facilitaron el traslado de recursos de las arcas universitarias a cuentas personales de los involucrados.
El juez a cargo del caso también emitió autos de formal procesamiento para cuatro personas más, quienes habrían tenido roles clave en la ejecución de este esquema de corrupción.
El escándalo cobra aún más relevancia con la acusación de cinco exmagistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes ejercieron durante el período 2016-2023.
Estas personas han sido señaladas por el delito de prevaricato judicial, debido a que, presuntamente, favorecieron o facilitaron acciones ilegales que permitieron la concreción del millonario desfalco.
Este caso evidencia un patrón de corrupción que compromete tanto a sectores judiciales como sindicales y académicos, con graves consecuencias económicas para la principal universidad pública del país.
Las acciones emprendidas por el Ministerio Público forman parte de una estrategia de lucha frontal contra la corrupción y el abuso de poder en instituciones de vital importancia para el desarrollo nacional.
El Ministerio Público reitera su compromiso con la justicia y asegura que continuará trabajando para llevar ante los tribunales a todos los responsables de este tipo de actos, que afectan directamente los recursos públicos y la confianza ciudadana en las instituciones.
