El Ministerio Público informó en las últimas horas sobre la presentación de tres requerimientos fiscales, entre ellos uno que involucra al exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), exfuncionarios del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y ciudadanos extranjeros acusados de defraudar al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El primer requerimiento fiscal acusa al exdirector de la OABI, Jorge Alberto González, por la comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios. Este requerimiento también abarca a los exfuncionarios de la OABI: Alan Orlando Carranza, Enoc Eusebio Reyes Ortega y Javier Enrique Caballero Velásquez.
El expediente establece que los imputados gestionaron de manera ilegal la devolución de una vivienda en el sector “Merendón Hills”, cuatro vehículos y una empresa durante la “Operación Magnate”, en 2022, en la ciudad de San Pedro Sula.
Segundo requerimiento fiscal
Por otro lado, el segundo requerimiento fiscal es contra Julio César Maldonado Hernández, representante de una empresa constructora, acusado de los delitos de fraude y lavado de activos.
También se incluye en este requerimiento al presidente de una cooperativa, José Rubén Álvarez, por el delito de fraude; y a los exfuncionarios de Banadesa, Raúl Antonio Herrera Rodríguez y Tania Sagastume Bulnes, por violación de los deberes de los funcionarios.
Estas cuatro personas se involucraron en el uso fraudulento de un fideicomiso creado en 2016 para construir el mercado “Las Acacias” en el municipio de Juticalpa; sin embargo, la obra nunca se ejecutó, causando un perjuicio a Banadesa de 2.8 millones de lempiras. Los fondos fueron utilizados para gastos personales y transferencias a terceros.
Tercer requerimiento fiscal
Finalmente, el tercer requerimiento fiscal implica a dos ciudadanos guatemaltecos por la sustracción irregular de 9.7 millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Los imputados son Pablo Andrés Barillas Rascón y Marisol Figueroa López de Barillas, acusados por la comisión del delito de lavado de activos. Ambos utilizaron empresas de fachada entre 2010 y 2014, que no tenían relación contractual con el Seguro Social, para sustraer fondos.
Con apoyo de la ATIC y la Policía Militar del Orden Público, el MP ya aseguró en Tegucigalpa dos sociedades mercantiles y cuatro cuentas bancarias que, supuestamente, eran utilizadas para mover los fondos ilícitos.
